América latina: los activos de la contestación

Quien escribe estas líneas no es en modo alguno un experto en América latina. La única virtud, acaso más aparente que real, que puede exhibir es la que se deriva del hecho de haber trabajado durante años sobre un área geográfica, la Europa central y oriental, que en virtud de su singular condición bien puede servir para aportar alguna visión iluminadora sobre lo que ocurre hoy en las Américas central y del Sur. El autor espera, por lo demás, que la liviandad de sus conocimientos quede moderadamente compensada por la claridad con la que, dadas las circunstancias, está obligado a expresar sus percepciones.

Antes de entrar en materia, de cualquier modo, parece conveniente dejar sentado algo que al observador foráneo le sorprende cuandose topa con muchas de las realidades presentes de América latina: la naturaleza extremadamente singular de las sociedades correspondientes, indeleblemente marcadas unas veces por el influjo de las poblaciones indígenas e impregnadas en otras por una no menos poderosa influencia europea. Y es que, al fin y cabo, y ocupándonos ahora de esta última, ¿hay sociedades más europeas que las que se revelan de la mano de buena parte de la vida, el hábitat y las relaciones en Argentina o en Uruguay? Parece lícito afirmar que esta condición de vinculación con influencias tan dispares hace de América latina un recinto del que cabe esperar formas de hacer distintas que las que se manifiestan en otros rincones del planeta. Esto es, al menos, lo que vienen a sugerir muchos de los procesos hoy activos.

El escenario planetario y América latina

Aun a costa de recurrir a una simplificación, consideraremos que el escenario planetario de principios del siglo XXI se halla marcado por cinco grandes rasgos: la primacía de la globalización capitalista, la hegemonía aparentemente incontestada de Estados Unidos, una lucha denodada por materias primas energéticas en la que se dan cita las dos dimensiones anteriores, el empleo interesado de la amenaza terrorista para justificar operaciones que obedecen a intereses muy precisos y, en suma, una progresiva anulación del sistema de Naciones Unidas.

En una primera y superficial lectura, América latina no sale mal parada de resultas de la irrupción de un orden internacional marcado por los elementos reseñados. Alguien aducirá, por ejemplo, que en relación con el tercero y con el cuarto—las disputas relativas a las materias primas energéticas y al terrorismo—su papel es, por fortuna, de segundo orden, al menos si lo comparamos con el que corresponde a la región del planeta en la cual las tensiones correspondientes se manifies-tan con mayor rudeza: el Oriente próximo. Bastará con recordar al respecto, a guisa de ejemplo, que las crecientes tensiones derivadas de los programas nucleares militares que se barruntan—o eso se dice—en otros escenarios faltan en una América latina en la que siguen rigiendo las pautas marcadas por el Tratado de Tlatelolco.

Pero, siendo cierto todo lo anterior, parece lícito afirmar, en paralelo, que la relativa liberación que el final de la guerra fría supuso para América latina—las tensiones parecían llamadas a amainar mientras Estados Unidos se interesaba por otros escenarios y en alguna medida se desentendía de su patio trasero—se vio al poco contrarrestada por una modalidad de globalización que agudizaba, y radicalmente, muchas de  las injusticias que acarreaba la relación Norte-Sur. Y ello tanto más cuanto que sería un craso error concluir que Washington se ha desentendido de América latina. Para testimoniar lo contrario ahí están la apuesta de la Casa Blanca por la Zona de Libre Comercio de las Américas, las presiones que ejerce sobre productores de petróleo como Colombia, Ecuador, México o Venezuela, y la férula general que mantiene en todo el subcontinente.

Un tercer mundo imperfecto

En la Europa central y oriental contemporánea se registra un debate que en mucho recuerda al que, a buen seguro, protagonizaron muchos países latinoamericanos un siglo atrás. Mientras hay círculos de opinión que sostienen que los países en cuestión no tendrán mayores problemas para uncirse al carro del Norte desarrollado, otros prefieren recordar cómo un buen puñado de datos—desfases tecnológicos, endeudamiento, dramáticas escisiones sociales, emigración, débiles sociedades civiles— remite a la condición característica del tercer mundo más tradicional. Hace un siglo eran también muchas las personas que en América latina daban por descontado que sus países se iban a sumar sin problemas a ese carro del Norte desarrollado: disponían de burguesías nacionales muy activas, de clases trabajadoras razonablemente formadas y, en muchos casos, de materias primas cotizadas en los mercados internacionales. Y, sin embargo, hoy sabemos que en el siglo XX América latina quedó instalada en el tercer mundo y, de resultas, padeció los efectos del intercambio desigual y del expolio de sus recursos.

Es verdad, para decirlo todo, que el tercer mundo latinoamericano ha demostrado ser más benigno que otros. Piénsese, sin ir más lejos, que casi todos los Estados del África subsahariana muestran niveles de renta per cápita, de desarrollo humano y de alfabetización inferiores a los más bajos registrados en América latina. Recuérdese también, por lo demás, que en esta última la situación ha sido históricamente diferente en los países del Cono Sur—no han exhibido rasgos característicos del tercer mundo como, por invocar uno de ellos, el rápido crecimiento demográfico—que en la América central y en ese continuo que configuran Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay.

Para referirse al conjunto del subcontinente se ha hablado a  menudo de un «extremo Occidente inacabado» y de un «tercer mundo imperfecto». La condición que nos ocupa, en sus muy dispares dimensiones, es inseparable, por lo demás, del formidable expolio de recursos desarrollado por Estados Unidos, y de la propia tutela ejercida por este último país a lo largo del siglo XX. Las huellas de esa sumisión se manifiestan de formas tan distintas como las que aportan esa etnocéntrica opción lingüística encaminada a llamar «América» al propio Estados Unidos—no deja de haber problemas, bien es cierto, en la expresión «América latina», que subraya inequívocamente los vínculos con Europa en detrimento de otras realidades—, el despliegue, sin rebozo, de la versión más radical de la Doctrina Monroe y un sinfín de intervenciones y ejercicios de desestabilización. Ahí están, en lo que a unas y otros se refiere, y no vamos demasiado atrás en el tiempo, las asestadas frente a la Cuba de Castro o el Chile de Allende, las realizadas en apoyo de las contrainsurgencias en Guatemala, El Salvador o Nicaragua, o las verificadas a través de las invasiones de Panamá y de la isla de Granada.

Democratización ficticia y crisis ahondada

Estamos obligados a dejar constancia, en suma, del fracaso de la última operación alentada en América latina: la que, ante todo en el decenio de 1990, abrió el camino a una aparente democratización que venía a dejar atrás el tiempo propio de dictaduras y regímenes militares. No nos engañemos en demasía con respecto a la trama de fondo de esa formal democratización. A su amparo no han faltado violaciones graves de derechos humanos—como las que se registran en Colombia, donde el conflicto bélico interno sigue abierto—, han menudeado figuras tan llamativas y tan poco estimulantes como las de Menem en Argentina, Collor de Mello en Brasil o Fujimori en Perú, han despuntado procesos desalentadores—el mexicano, por ejemplo—que obligan a poner en duda que se haya verificado una transición a la democracia que merezca tal nombre, se han manifestado con frecuencia registros muy pobres en materia de participación electoral y de credibilidad de los partidos tradicionales, y, en fin, las oligarquías tradicionales han seguido controlando, en la trastienda, los procesos más importantes, casi siempre con el concurso de medios de comunicación nada propensos a denunciar las injusticias. Más allá de todo lo anterior, y esto es al cabo lo más relevante en lo que atañe a nuestra reflexión, la livianísima democratización que nos ocupa, al ratificar los datos fundamentales de un escenario económico poco halagüeño, apenas ha aportado beneficio alguno para la mayoría de la población.

Y es que ese escenario económico se ha visto irremisiblemente marcado por datos como las secuelas, desoladoras, que en materia social han tenido los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, la incapacidad para encontrar un nicho tecnológico propio, el crecimiento imparable de la deuda externa—en el momento presente, por cada dólar que América latina recibe se ve obligada a pagar seis—y del desempleo, el expolio de los recursos por grandes empresas transnacionales, el despliegue de ambiciosos proyectos—el Plan Puebla Panamá, el Plan Colombia, la Iniciativa Andina—en virtud de los cuales aquéllas se apropian de territorios y recursos, la evasión de capitales y la corrupción. Agreguemos que, con la excepción mexicana, América latina no se ha visto particularmente beneficiada—es una manera de hablar—por la deslocalización en curso en todo el globo. Tampoco ha resulta-do ser particularmente estimulante, por lo demás, la captación de inversiones foráneas. Piénsese que mientras Brasil y México, los países mejor emplazados al respecto, acogen cada uno del orden de un dos por ciento del total planetario de aquéllas, Venezuela y Chile reciben entre un cero con cinco y un uno por ciento, y todos los demás estados latinoamericanos quedan por detrás. Las agresiones medioambientales, en suma, están a la orden del día, como lo testimonia, en singular, la activa deforestación registrada en la Amazonia. Según algunas estimaciones, los proyectos abrazados por el gobierno brasileño, incluídos el trazado de carreteras y la mejora de las vías fluviales, podrían provocar en quince años la pérdida de al menos un veintiocho por ciento del bosque amazónico.

Aunque las políticas económicas, desplegadas en paralelo con la liviana democratización que hemos invocado, permitieron controlar la inflación, garantizaron cierta estabilidad y propiciaron en muchos casos un innegable, y acaso irracional, crecimiento, lo cierto es que la pobreza y la desigualdad han seguido estando a la orden del día. Nos hallamos—no se olvide—ante la región del planeta que exhibe las mayores desigualdades. Si en 1980 los ingresos del diez por ciento más rico de la población eran veinticuatro veces superiores a los del diez por ciento más pobre, hoy en día resultan ser treinta y una veces mayores.

Un sesenta por ciento de los latinoamericanos—en su mayoría, y dicho sea de paso, mujeres—vive, entre tanto, por debajo del umbral de la pobreza. Al visible deterioro de la posición de varios países de América latina que ocupaban puestos relativamente altos en lo que respecta al  índice de desarrollo humano—la educación y la sanidad han reculado ostentosamente—le ha acompañado el mantenimiento de la situación  de postración de los que se hallaban en posiciones bajas, esto es, los estados de la América central y el Caribe, junto con Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú. La circunstancia que nos ocupa obliga a preguntarse, claro, cómo es posible que en países objetivamente tan ricos como Argentina,  Brasil o Uruguay sean hoy muchos los ciudadanos que pasan, literalmente, hambre.

Izquierdas en el poder

La respuesta más palpable a todo lo anterior es la que se ha verificado de la mano de cambios notables en los gobiernos de un puñado de países. Esos cambios se han caracterizado por el acceso a aquéllos de fuerzas políticas de izquierda—así ha sucedido en Bolivia, Brasil, Uruguay y Venezuela—, por un giro, también hacia la izquierda, de determinados segmentos de partidos tradicionales—Argentina—o por el crecimiento electoral, aun sin alcanzar por el momento el poder, de formaciones que cabe emplazar de nuevo en la izquierda en países como Ecuador, México, Nicaragua, Perú o El Salvador. Agreguemos los casos de Chile y de Cuba, que discurren por otros caminos y que nos emplazan ante procesos iniciados antes del momento cronológico, los albores del siglo XXI, que ahora nos interesa. Nunca en la historia de América latina hubo tantos estados gobernados por fuerzas políticas que es lícito situar en la izquierda.

Es verdad que, pese a lo que acabamos de señalar, los distintos ejemplos reseñados remiten a realidades a menudo muy diferentes entre sí, no en vano lo son también los procesos y los países en los que se han desarrollado. Tal circunstancia no deja de ser, en una lectura legítima, un activo interesante, toda vez que nos topamos con patrones dispares que pueden aportar ideas los unos a los otros. No se olvide, por mencionar un ejemplo, que la tantas veces denostada Venezuela de Chávez, un modelo aparentemente alejado de todos los demás, se ha adentrado en un escenario de reformas sociales que inicialmente sólo formaban parte de sus expectativas de manera retórica, al tiempo que ha ido perfilando proyectos continentales de sentido cada vez más radical, y ello pese a que sigue faltando—parece—un programa claro y vertebrado de reformas. La certificación de que todo ello ha sido así en virtud de la riqueza petrolera del país y de la espectacular subida operada en los precios internacionales de las materias primas energéticas, el recordatorio paralelo de que Venezuela sigue acatando muchas de las reglas del juego preexistentes y las razonables dudas que provoca una apuesta en exceso estatalista y poco amiga de la plena autonomía de los agentes sociales no le restan un ápice de valor a la afirmación anterior.

Tiene su sentido, sin embargo, que escarbemos en un camino diferente y procuremos encontrar los elementos comunes—también los hay—a todos estos procesos. El más importante de ellos asume la forma de una inevitable consideración de por qué se ha producido el cambio general que ahora nos interesa: son muchos los países en los que buena parte de la ciudadanía ha expresado un rotundo rechazo de lo ocurrido en los últimos lustros en América latina. El resultado no es otro que el aprestamiento de activos movimientos sociales y el acceso al poder de diferentes gobiernos de izquierda, algo no inicialmente previsto, a buen seguro, en el guión democratizador norteamericano. Conviene subrayar que la conciencia con respecto a los problemas parece extenderse, llamativamente, a muchos emigrantes latinoamericanos que residen, legal o ilegalmente, en Estados Unidos. En el propio terreno político, el cambio ha asumido en algunos lugares, por añadidura, un firme de designio de llegar hasta el fin en la investigación de los crímenes cometidos en el pasado por unas u otras dictaduras. Así lo testimonia, en lugar singular, el ejemplo argentino.

Los activos de la contestación

Pero, al margen de lo anterior, los procesos en curso ponen de manifiesto activos muy interesantes. Se ha demostrado, por lo pronto, que es posible contestar las abrasivas políticas desplegadas por instancias como el Fondo Monetario Internacional. Lo hizo en 2001, por cierto, un gobierno argentino que no se caracterizaba precisamente por su condición rupturista y contestataria del orden existente—de hecho sigue acatando, en sustancia, las reglas del desorden neoliberal—, con el consiguiente efecto de pedagogía sobre los demás. No han faltado las tomas de posición orientadas a cuestionar, por otra parte, las reglas impuestas por las grandes potencias en materia, por ejemplo, de subvenciones a sus sectores agrícolas. No se olvide que en virtud del Farm Bill de 2002 Estados Unidos ha acrecentado los créditos a la exportación para sus agricultores y ha impuesto exigencias sin cuento a los productos latinoamericanos, circunstancias ambas que suscitaron un vivo rechazo con ocasión de la cumbre que la Organización Mundial del Comercio celebró en Cancún en 2003. En cualquier caso, aunque los proyectos neoliberales siguen en pie—sería una equivocación concluir que han desaparecido del horizonte, tanto más cuanto que la mayoría de los gobiernos se muestran remisos a abandonarlos con claridad—, lo cierto es que su legitimación se antoja hoy mucho más precaria que en el pasado.

La contestación de las imposiciones de muchas instancias internacionales se ha hecho acompañar de medidas que obedecen al propósito—o al menos esto es lo que parece—de resolver los problemas de las gentes, y no al de ampliar los beneficios de las transnacionales. Así, en algunos casos—bien es verdad que pocos—se ha optado por renacionalizar sectores productivos y emanciparlos de la rapiña de esas empresas transnacionales. Se aprecia también un incipiente esfuerzo encaminado al desarrollo de los poderes locales en clave distinta de la que ha sido característica en las políticas neoliberales (éstas se han servido de aquéllos para rebajar aún más el peso de las instituciones públicas de ámbito estatal o subestatal, y, con él, el de magros servicios sociales). Aunque los frutos sean hoy por hoy escasos, cada vez parece más asentada, por lo demás, la conciencia de la necesidad de ampliar las posibilidades del sector público y social de la economía, procurar una radical redistribución de la riqueza —no hay sistemas fiscales más regresivos que los latinoamericanos—y garantizar el respeto de los derechos, y entre ellos los medioambientales, de las generaciones venideras.

Otro activo interesante llega de la mano del despliegue de nuevas organizaciones regionales como es el caso, en particular, del Mercosur, en más de un sentido orientadas a contrarrestar, por el momento con razonable éxito, la gestación de la Zona de Libre Comercio de las Américas acariciada por Estados Unidos. No se olvide que esta última desea situar en una misma instancia, interesadamente, a los países ricos del Norte y al resto de los estados americanos. Para dar cuenta de la disparidad bastará con recordar que mientras Estados Unidos representa el setenta y cinco por ciento del producto interior bruto del continente, a Brasil, el país latinoamericano mejor dotado, le corresponde un escueto siete por ciento.

En la misma línea hay que destacar el peso creciente de las relaciones horizontales que América latina está anudando con África y Asia, y, en paralelo, el propósito de romper un tanto la relación de dependencia con respecto al norte del propio continente americano y a Europa. Estamos hablando de las relaciones, cada vez más activas, de países como Chile, México o Perú con el lejano Oriente; de las de Brasil con África—Brasil ha creado un foro de diálogo con Sudáfrica y la India—; de la creciente penetración de capitales chinos en el propio Brasil, Argentina y Chile—China es, por cierto, el tercer estado que más utiliza el canal de Panamá—; de los numerosos viajes de presidentes latinoamericanos al mundo árabe o a la Europa oriental, e incluso, y si así se quiere, de la búsqueda de una mayor penetración en la Antártida. En más de un sentido puede situarse también en esta rúbrica la ampliación de los lazos con la Unión Europea, convertida a los ojos de tantos en una alternativa interesante frente a la tutela norteamericana, y ello por mucho que en numerosos terrenos la Unión Europea asuma posiciones similares a las de Estados Unidos. En este mismo magma cabe incluir, en suma, la sugerencia de que los países del Sur, y con ellos América latina, tengan una representación permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Lo que se aprecia por detrás de todas estas iniciativas, y del propósito paralelo de aprovechar las ventajas que aportan unas relaciones más sólidas entre los propios países latinoamericanos, es el objetivo de crear redes entre los estados del Sur para de esta suerte aprovechar, por ejemplo, la eventual complementariedad de sus economías, meta que trae a la memoria inequívocamente viejos proyectos como el de la desconexión preconizada en su momento por Samir Amin.

Es obligado hacer mención, por otra parte, del franco renacer de los discursos indigenistas, que invitan a recordar que la historia americana no se reduce a la etapa posterior a una colonización marcada por un sinfín de desafueros. También en esto se aprecia un designio expreso de romper con módulos mentales marcados por una manifiesta dependencia con respecto a Europa y el norte de América. Las más de las veces, y por otra parte, los movimientos indígenas han conseguido aunar sus respetables demandas de cariz étnico con la consideración radical de injusticias económicas y sociales de largo aliento. Es verdad, con todo, que la presencia demográfica de las poblaciones correspondientes, por lo general muy pobres, es muy distinta, con los picos más altos en Guatemala y Bolivia, seguidas de Ecuador, Perú y varios países centroamericanos, Chile y México.

Agreguemos la consideración de un activo más, que acaso explica todos los anteriores. Nada de lo sucedido en los últimos años puede entenderse si no se otorga el relieve que merece al crecimiento de movimientos sociales muy vivos—mucho más vivos, sin duda, que los que han cobrado cuerpo en el norte del planeta—. Junto a partidos fuertes de innegable tradición han emergido poderosos, originales e imaginativos movimientos, como los generados en tantos barrios pobres, entre las clases medias pauperizadas o entre los indígenas preteridos, los desarrollados por campesinos sin tierra, los avalados por subproletarios en situación extrema, los articulados por mujeres o los perfilados por los desempleados, todo ello con el resultado principal de reavivar nuevas discusiones sobre materias comúnmente ignoradas. Así lo certifican los piqueteros en Argentina, los sin tierra en Brasil o los zapatistas en México. El crecimiento de estos movimientos, que en muchos casos beben de tradiciones anarquizantes, ha tenido a menudo el efecto paralelo, bien es cierto, de acarrear divisiones agudas, reflejo de una circunstancia importante: mientras muchas de esas redes, mal que bien, se han adaptado al escenario propiciado por los nuevos poderes progresistas, otras han preferido mantener al respecto una plena independencia. Con frecuencia ha emergido también una crítica, inevitable, de las  numerosas carencias de partidos y sindicatos, en muchos casos por completo incapaces de percibir los cambios que se han ido operando. Bastará con recordar las profundas disensiones que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional expresa, en México, en relación con el Partido de la Revolución Democrática.

Carencias y riesgos

Aunque los activos reseñados son muchos y muy importantes, nada sería más equivocado que concluir que el proceso en curso no está exento de riesgos. Desde una de las muchas perspectivas de análisis que se pueden emplear, el primero de aquéllos [ la contestación de las imposiciones de muchas instancias internacionales] tiene su origen en la falta de decisión y de firmeza de los gobernantes. Pese a lo que ya hemos señalado, es harto común que estos últimos hayan acatado la mayoría de las reglas impuestas por instancias como el Fondo Monetario Internacional y hayan aducido al respecto que el margen de maniobra es muy escaso. Por detrás lo que se vislumbra es, casi siempre, una dramática falta de convicción y de energía que nos sitúa ante un horizonte delicado: aunque las políticas que han ido cobrando cuerpo son a buen seguro preferibles a las registradas en el pasado, a duras penas permiten augurar una resolución real de los problemas que importan. Antes bien, pueden abocar en la ratificación de escenarios indeleblemente marcados por lacras como la corrupción, las desigualdades y el despliegue de modelos desarrollistas reñidos con los equilibrios medioambientales.

Conviene que en este caso el argumento anterior se perfile con claridad en relación con lo que está sucediendo en el más importante de los países latinoamericanos: el Brasil de Lula. El programa por éste aplicado no parece a la altura de las circunstancias y ha abandonado el grueso de los objetivos inicialmente propuestos: no se han registrado reformas estructurales ni fiscales en un escenario lastrado por políticas fundamentalmente asistencialistas y por nuevos retrocesos del Estado, se ha asumido de buen grado que el crecimiento económico por sí solo resolverá los problemas, se ha perseverado en la corrupción y en la defensa de los intereses clientelares, y se han mantenido en pie proyectos manifiestamente agresivos con el medio ambiente. En la trastienda, la lógica argumental del gobierno brasileño ha dado en invocar las limitaciones derivadas de la disposición de precarias mayorías, ha subrayado la debilidad de un sector público que a duras penas puede acometer reformas de sentido radical y, por encima de todo, ha recalcado que hay que facilitar la llegada de los capitales foráneos.

Todos estos argumentos pueden contestarse—parece—con relativa facilidad. ¿Qué sentido tiene alcanzar el poder con un programa que reclama una creciente soberanía económica y una restauración del peso de las instituciones para después renunciar sin más a esos dos objetivos? Estamos hablando, por añadidura, de un país, Brasil, extremadamente rico y capaz, en condiciones idóneas para asumir un ejercicio solvente de ruptura que con certeza no está al alcance, por desgracia, de estados más pequeños y pobres. Si Brasil no tira con fuerza de la locomotora, muchas de las expectativas creadas en los últimos años en otros países bien pueden truncarse, tanto más cuanto que los intereses de Estados Unidos, de la Unión Europea y de sus transnacionales es fácil que conduzcan a nuevas políticas de injerencia y desestabilización. Frente a ello hay que imponer el peso de una razón que queda fidedignamente retratada en la pregunta de Atilio Borón: «¿Cómo no va a haber alternativas ante el desempleo de masas, la pobreza de más de la mitad de la población, la ausencia de políticas sociales, el peso insostenible de la ilegítima e ilegal deuda externa?».

Una conclusión rápida

Por lo que tiene de apuesta para el largo plazo, la mayor prioridad en la América latina contemporánea consiste en fortalecer los movimientos alternativos, y con ellos las prácticas autogestionarias y solidarias. Desde una perspectiva diferente de lo que en el siglo XX han sido la socialdemocracia, condenada a una callada aceptación del orden propio del capitalismo, y el leninismo, imbuido de la pretensión de disponer de una ciencia social que reclama de autonombradas vanguardias directoras, la mayoría de esos movimientos se manifiestan reacios en lo que respecta a la toma del poder, si bien a cambio se caracterizan por una notable ambición programática y una no menos notable radicalidad en sus demandas.

No aguardan, por lo demás, a cambios futuros, sino que tienden a desarrollarlos ya, a través, por ejemplo, de la creación de redes económicas que rompan las reglas del juego propias del orden existente. En esa trama, junto a luchas que remiten a la confrontación tradicional de clases, impulsan otras—ahí están las mujeres, los indígenas, las minorías, el medio ambiente—que reflejan la irrupción de nuevos e insorteables problemas.

No nos engañemos en lo que atañe a algo fundamental: aunque algunos—acaso muchos—de los gobiernos latinoamericanos de estas horas beben del discurso de los movimientos alternativos, éstos harán muy bien en conservar su independencia, su capacidad crítica y una apuesta insorteable por la democracia de base. Ésa es la mejor de las garantías con respecto al futuro.